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Existen muchas alternativas para financiar su casa, incluido un número cada vez mayor de entidades de crédito que ofrecen planes de financiación convencionales y asegurados por el gobierno a los futuros propietarios. El método más común de financiar una casa prefabricada es a través de un contrato de venta a plazos, disponible a través de su minorista. Algunas entidades de crédito que ofrecen hipotecas inmobiliarias convencionales a largo plazo pueden exigir que las casas se coloquen sobre cimientos aprobados. Las casas prefabricadas pueden optar a los préstamos garantizados por el gobierno que ofrecen la Administración Federal de la Vivienda (FHA), la Administración de Veteranos (VA) y los Servicios de Vivienda Rural (RHS), dependientes del Departamento de Agricultura de EE.UU.

Los minoristas pueden contratar con sus clientes la instalación de sus viviendas, en cuyo caso el minorista es su primer contacto para problemas relacionados con la instalación. Si el minorista no se encarga de la instalación y usted elige al instalador, debe ponerse en contacto con el instalador que realizó el trabajo. Si no está satisfecho con la reparación, póngase en contacto con la autoridad local/SAA competente. Es importante que todos los servicios relacionados con la instalación figuren por separado en el contrato.

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Bungalows hay muchos, de diferentes tipos, pero ¿como elijo un bungalow en Madrid?. Elegir el bungalow adecuado en la instalación adecuada es una cuestión muy personal, dependiendo del tipo de estilo de vida que lleves. Estas razones que describo a continuación son para una familia con niños, a la que le gusta mucho la naturaleza, el deporte en la naturaleza, la comida sana, hablar con otras personas y la curiosidad por lo que ocurre en nuestro entorno desde un punto de vista siempre científico. Y son el producto de ir con mi familia a muchos bungalows en Madrid, en el resto de España y en Europa.

Que están adaptados a los niños. Fáciles de entrar y salir, no hay calles con tráfico. Mejor la disposición de los bungalows en Madrid en zonas peatonales y dispuestas "al quintabolillo". Los niños pueden jugar sin necesidad de estar muy pendientes de los coches.

Que el camping sea para familias con niños. Que en el resto de bungalows del camping de Madrid haya familias con niños. Es mucho más divertido, porque los niños pueden jugar con los vecinos, y nos aseguramos de que los vecinos van a ser gente tranquila. Yo particularmente evito los campings que aceptan adolescentes, porque mi hija no podria jugar con ellos y te arriesgas a que haya ruidos.

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El 20 de julio de 2007, el tribunal accedió a la petición de autorización de Estados Unidos para presentar un escrito de amicus curiae en el caso Albanian Associated Fund, Inc. contra Township of Wayne (D. N.J.), un caso de la Ley de Uso de Terrenos Religiosos y Personas Institucionalizadas de 2000 (RLUIPA) interpuesto por demandantes que pretenden construir una mezquita en el municipio. El municipio inició un procedimiento de expropiación contra los terrenos de la Albanian Association Fund mientras su solicitud de permiso de uso condicional para construir una mezquita en esos terrenos estaba pendiente ante la Junta de Planificación del municipio. El municipio argumentó en el juicio sumario que los procedimientos de expropiación no están cubiertos por la RLUIPA. El escrito de la División sostiene que el inicio por parte del municipio de un procedimiento de expropiación en este caso constituye la aplicación de una normativa de uso del suelo amparada por la RLUIPA.

Un jurado de un tribunal federal de Pittsburgh (Pensilvania) declaró que los demandados habían discriminado a una pareja afroamericana al mentir sobre la disponibilidad de una vivienda de alquiler. Sin embargo, el jurado se negó a conceder a la pareja ninguna indemnización por daños y perjuicios, ni siquiera una cantidad nominal. El juez se negó a que el jurado considerara la posibilidad de conceder daños punitivos. Los demandantes recurrieron ante el Tribunal de Apelación del Tercer Circuito de los Estados Unidos y, el 3 de junio de 1999, la División de Derechos Civiles presentó un informe amicus curiae en el que argumentaba que el juez debería haber permitido al jurado decidir si concedía daños punitivos. El 22 de marzo de 2000, el tribunal de apelación revocó la sentencia del tribunal de distrito a favor de los demandados al sostener que "en un caso en el que se alega discriminación en virtud de la Ley de Vivienda Justa, la discriminación en sí misma es el daño", y ordenó al tribunal de distrito que dictara sentencia a favor de los demandantes y celebrara un nuevo juicio con jurado para decidir si debía concederse a los demandantes una indemnización punitiva. El Tribunal Supremo denegó el certiorari el 8 de enero de 2001.